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Aspectos Legales del Crowdfunding

El primer intento de regulación del crowdfunding en España fue el 28 de febrero de 2014, mediante aprobación del Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial por el Consejo de Ministros, que en su Título V contemplaba tanto la modalidad de préstamo (“lending crowdfunding”), como la de aportación a capital (“equity crowdfunding”). Este anteproyecto dio lugar a la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (“LFFE”).

En particular, está nueva modalidad de inversión queda regulada en los artículo 46 a 93 de dicha Ley donde por primera vez en España se estable un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa dentro de la modalidad de inversión comúnmente denominada como Crowdfunding.

Tal y como se desprende del propio texto normativo, en su exposición de motivos se manifiesta que estas Plataformas constituyen un novedoso mecanismo de desintermediación financiera sobre las bases de las nuevas tecnologías. No obstante, la Ley 5/2015 sólo pretende regular las figuras en las que el inversor espera recibir una remuneración dineraria por su participación, ya sea solo la financiación vía emisión de acciones, obligaciones u otros valores representativos de capital, emisión de participaciones sociales y/o préstamos dejando por tanto fuera del ámbito de esta norma la captación de financiación a través de donaciones, venta de bienes y servicios o préstamos sin interés.

Respecto al análisis jurídico de la normas cabe recalcar que…

La Ley de Fomento de la Financiación aborda este fenómeno desde una triple dimensión:

  • en primer lugar, el régimen jurídico y los requisitos que deben cumplir las plataformas de financiación participativa;
  • en segundo lugar, la autorización, registro y reserva de actividad en favor de dichas plataformas;
  • y por último, la normativa aplicable a cada uno de los agentes implicados en este canal de financiación (inversores, promotores y Plataformas) incluyendo los límites de las actividades permitidas y unas reglas de protección de los inversores.

La Ley en su artículo 46 define a las plataformas de financiación participativa como aquellas Compañías autorizadas cuya actividad se ejerza en España y que consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados “inversores”, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados “promotores”.

Respecto al régimen jurídico, a la Plataformas de Financiación Participativa les será de aplicación la cita Ley de Financiación Empresarial. No obstante, vale la pena destacar que la normativa que debe aplicarse además de la LFFE también es de su aplicación, la normativa sobre protección de los consumidores y usuarios y de forma subsidiaría también sería de aplicación la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y, particularmente, su art. 29 y 30, así como la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.

Con la intención de proteger al inversor que opta por esta modalidad de inversión, la Ley prevé, entre otras, las siguientes limitaciones:

En su artículo 50 hace relación a las formas de financiación participativa que puede darse (sólo cabe la financiación vía emisión de acciones, obligaciones u otros valores representativos de capital, emisión de participaciones de sociedades limitadas y préstamos, en los términos previstos en la Ley de Fomento de la Financiación) y del mismo modo delimita el destino de la financiación captada (únicamente de tipo empresarial, formativo o de consumo) así como los límites al número de proyectos e importe máximo de captación.

Del mismo modo, la Ley delimita en su artículo 51 y 52 los servicios que pueden prestar las plataformas, principalmente, servicios de marketing y comunicación, pero en ningún caso servicios de inversión o las actividades propias de las entidades de crédito.

Respecto a la autorización y registro el ejercicio de la actividad por las plataformas de financiación participativa, a tenor del artículo 53 a 59, cabe poner de manifestó que

Las Plataformas están sujetas a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) y a la inscripción en el registro correspondiente. A día 25 de octubre, cabe poner de manifiesto que sólo han sido autorizadas y registradas un total de 8 Plataformas.

Que deben cumplir con una serie de requisitos financieros, teniendo un capital desembolsado en efectivo de, al menos, 60.000 euros y disponer de un seguro de responsabilidad civil y profesional con una cobertura mínima de 300.000 euros y de requisitos jurídicos, en particular societarios para ejercer la actividad. (sociedad de capital, constituidas por tiempo indefinido, con un objeto exclusivo y que su Órgano de Administración sean personas de honorabilidad empresarial y que posean conocimientos y experiencias adecuadas).

La Ley de Fomento de la Financiación, en sus artículos 60 a 65 fija los principios generales bajos los cuales la Plataformas deberán ejercer su actividad, en particular, los principios de neutralidad, diligencia y transparencia.

Ya por último destacar que la Ley de Fomento de la Financiación, en sus artículos 81 y 82, se refiere a inversores acreditados y no acreditados, y los distingue esencialmente en función de la capacidad económica demostrada, y delimita su rango de actuación. En particular, los inversores no acreditados no podrán invertir más de 3.000 euros en un proyecto, o más de 10.000 euros en un periodo de doce meses en proyectos publicados por una misma plataforma de financiación participativa.

A modo de conclusión….

Podemos decir que la Ley 5/2015 regula por primer vez la modalidad de Crowdfunding, exigiendo de altos requisitos a las Plataformas que llevan a cabo esta actividad, protegiendo de esta manera al inversor, ya que garantiza que las empresas en las que está invirtiendo se rigen por un código de buenas prácticas muy estricto teniendo todo ello un impacto positivo en el Sector, a día de hoy varios estudios verifican que desde la aprobación de Ley se ha duplicado su actividad. Confiemos que esto siga su curso.

 

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